DD.HH.: las obligaciones que debe cumplir el Estado argentino tras el informe de la ONU

ONU

 

El comité de monitoreo señaló “cambios preocupantes” en el área, demoras para investigar al poder económico y advirtió por las modificaciones en la Ley de Medios. Qué debe hacer el Gobierno.

 

El Estado argentino deberá implementar las recomendaciones señaladas por el Comité de Derechos Humanos de la ONU y, en un año, tendrá que dar cuenta de los avances que haya realizado en torno a tres temas centrales: la interrupción voluntaria del embarazo, torturas y malos tratos y condiciones de detención. Además, el organismo seguirá de cerca los movimientos del Gobierno en las áreas de protección de los derechos humanos, en las que marcó “cambios preocupantes”, y espera la revisión de las modificaciones a la ley de servicios de comunicación audiovisual, que considera que favorecen la concentración “de  los medios de comunicación” y “afectan negativamente la libertad de expresión”.

 

 

El informe difundido por el Comité de Derechos Humanos de la ONU, el órgano encargado de monitorear la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que en Argentina tiene jerarquía constitucional desde 1994. Los estados firmantes del tratado se someten a la revisión del Comité – formado por 18 especialistas en la materia – en forma periódica – alrededor de una vez cada cinco años –  y deben atender sus observaciones.

 

 

CÓMO ES EL PROCESO. El proceso comienza con la presentación de un informe elaborado por el propio Estado – en este caso, el trámite fue iniciado por el Gobierno kirchnerista – y la selección de un listado de temas, por parte del Comité, que quedan bajo su órbita de evaluación. Los ejes son elegidos en función del último informe generado por el Comité, la información aportada por el Estado, por instituciones públicas y por organizaciones especialistas en la materia.

 

Así comienza el diálogo entre el órgano y el Estado, que da paso a la instancia del examen, a la que el Gobierno concurrió a fines de junio, con una delegación encabezada por el representante Especial para los Derechos Humanos del Ministro de Relaciones Exteriores y Culto y ex titular de la Auditoría General de la Nación, el radical Leandro Despouy, el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, y técnicos de la Cancillería. Entre las organizaciones estuvieron el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Amnistía Internacional. El Comité mantuvo reuniones privadas con las organizaciones y una audiencia con los representantes del Gobierno. La evaluación terminó con la elaboración de un informe en el que la ONU le llamó la atención al Estado sobre los siguientes temas:

 

-Demoras para investigar la responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad y cambios preocupantes en áreas vinculadas a la protección de los derechos humanos.

 

-Las reformas por decreto de la Ley de Medios, que favorecen la concentración y afectan “negativamente el derecho a la libertad de expresión”.

 

-La persistencia de prácticas de tortura y malos tratos.

 

-El hacinamiento en las cárceles y lugares de detención prohibidos.

 

-Las muertes en el hospital neuropsiquátrico Melchor Romero y la necesidad de implementar la ley de Salud Mental.

 

-Las detenciones policiales arbitrarias, especialmente las detenciones por averiguación de identidad.

 

-Lentitud en la investigación del ataque a la AMIA.

 

-A la luz del caso Belén, considerar la descriminalización del aborto.

 

-Atrasos en la aplicación de la ley para erradicar la violencia contra las mujeres.

 

-La situación de las tierras indígenas, que siguen sin ser reconocidas.

 

OBLIGACIONES DEL ESTADO. “El Comité notifica respecto de una serie de puntos que el Estado debe cumplir, en atención a las obligaciones internacionales que figuran en el tratado del que es parte. En un año, el Gobierno debe presentar un informe sobre los avances en torno a los tres temas que el Comité puso como ejes centrales. Pero en paralelo existe un mecanismo por el cual Comité va consultando al Estado cómo van progresando en el cumplimiento de las observaciones”, explica Gabriela Kletzel, directora del equipo de trabajo internacional del Cels, que estuvo presente en la audiencia de revisión.

 

Según explica Kletzel, en caso de que el Estado no atienda las consideraciones del informe “básicamente estaría incumpliendo sus obligaciones en materia de derechos humanos, con el costo que tiene ante la comunidad internacional”.

 

“Tal como había sucedido en la evaluación anterior – de marzo de 2010 – el Comité  hizo un reconocimiento muy fuerte al proceso de memoria, verdad y justicia que se lleva adelante en Argentina, que por sus características es de referencia de toda la comunidad internacional. Sin embargo, mencionó el debilitamiento de áreas del Estado que apoyan esos procesos, como el desmantelamiento de la secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Seguridad”, apunta Kletzel.

 

Pese a que los representantes del Estado aseguraron ante el Comité que los juicios por crímenes de lesa humanidad “son política de Estado”, en varias oportunidades, el informe mencionó preocupación “por la adopción de recientes medidas de reducción de personal y cambios institucionales en áreas destinadas a la protección de los derechos humanos, particularmente respecto a las instituciones destinadas al proceso de memoria, verdad y justicia”.

 

Otro punto relacionado con esta cuestión fue la celebración, por parte del órgano, de la creación de la Comisión Bicameral de Identificación de Complicidades Económicas”, que tuvo lugar en diciembre de 2015, y de la publicación del informe “Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad”, que realizaron la secretaría de Derechos Humanos del gobierno kirchnerista, el programa Verdad y Justicia, FLACSO y el CELS. Sin embargo, el Comité lamentó que la Bicameral “no haya sido implementada hasta el momento” y refirió a “los obstáculos en el avance de las investigaciones” de los delitos referidos a la responsabilidad empresarial en los crímenes de la dictadura. El Gobierno evitó dar respuestas sobre este punto. “Si el Comité hubiera quedado satisfecho con la respuesta que dio el Gobierno sobre estos temas en el diálogo, no los hubiera mencionado en el informe final”, explica Kletzel, que considera que el Gobierno debería “convocar al diálogo institucional para trabajar en los temas” que motivaron el llamado de atención de la ONU.

 

En 2017, el Estado argentino deberá atravesar una nueva instancia de revisión, aunque esta vez será ante sus pares, miembros del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

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